DISPUTA | El analista Fernando Mayorga considera que en la definición de las reglas dentro del Estatuto entrarán en juego relaciones de poder que, además de provocar una diputa política muy fuerte es un desafío para evitar la reproducción de la división e

Aparecen 3 proyectos de estatutos… y los primeros rechazos

La aprobación de los estatutos autonómicos para Cochabamba en un referéndum que se realizaría de forma paralela a la consulta por la autonomía, programada para el 12 de julio, vulneraría la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y es rechazada por analistas y políticos afines y opositores al MAS. En la región, ya se redactaron tres proyectos y aproximaciones a la autonomía, elaborados por el ex prefecto Manfred Reyes Villa, los empresarios y la agrupación del alcalde, Gonzalo Terceros.

El proyecto de ley transitorio de régimen electoral aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la anterior semana además de contemplar la convocatoria a elecciones generales, departamentales y municipales, servirá para regir los referendos autonómicos en La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

Este proyecto establece como fecha probable para la realización de la consulta ciudadana el 12 de julio de 2009 y, según informó el diputado miembro de esta entidad, Jorge Silva, se realizará de forma paralela a la aprobación de los nuevos estatutos autonómicos.

El mismo día en el que se dio a conocer la conclusión de la redacción de este proyecto de ley, la Prefectura de Cochabamba organizó un seminario con organizaciones sociales afines al oficialismo, en el que se decidió que se hará una gran asamblea departamental el martes 24 de marzo convocando a todas las instituciones para empezar a redactar este estatuto a través de la definición de un calendario de actividades, metodología de trabajo y definición de ejes temáticos.

Ambas decisiones provocaron el reclamo de varios sectores sociales y políticos de Cochabamba, que consideran que se están vulnerando las disposiciones de la nueva Carta Magna.

El analista Fernando Mayorga explicó que juntar estas dos consultas en un solo referéndum sería una equivocación porque “llevaría a un proceso muy acelerado de elaboración de estatutos” y, a la vez, no cumpliría la determinación del artículo 275 de la nueva CPE, que establece que “cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto”.

Mayorga recordó que “la Asamblea Departamental recién se va a conformar en abril de 2010”, por lo que “los plazos previstos constitucionalmente pueden entrar en contradicción con los cálculos políticos”.

El director de autonomías de la Prefectura, Gonzalo Vargas, informó que se asumió la decisión de comenzar la redacción en función de lo que establece la actual Constitución en los artículos 241 y 242, que establecen que para la definición de políticas de Estado debe haber una participación efectiva de los ciudadanos y del soberano.

El representante del Comité Interinstitucional, José María Leyes, sostuvo que asumir esta decisión vulnera la Carta Magna, que, además, establece que “el estatuto tiene que ser aprobado por dos tercios de voto (de los asambleístas), luego debe pasar por control en el Tribunal Constitucional y después recién debe ser sometido a referéndum”.

También el analista Adolfo Mendoza considera que “tiene problemas de legitimidad intentar unir un referéndum sobre autonomías con la aprobación directa del estatuto departamental, porque es necesario iniciar un proceso participativo y porque quienes lo redactan son los asambleístas departamentales”.

LAS TRES PROPUESTAS

AutonomÍa en Cochabamba

La primera aproximación

El año 2006, durante la gestión del entonces prefecto Manfred Reyes Villa y con el apoyo de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, se publicó la “Autonomía y desarrollo en Cochabamba. El Proceso de Construcción de un modelo autonómico regional”, que es una aproximación a una propuesta de descentralización y autonomía para Cochabamba.

En el aspecto economic, establece que el concepto de autonomía es neutro y que básicamente se sostiene sobre dos pilares, que son la reforma fiscal y la descentralización financiera.

Establece también que los recursos deben ser distribuidos de tal manera que se logre equilibrio entre las regiones pobres generando “compensaciones dinámicas” que construyan bases que garanticen independencia económica.

En el ámbito politico, proponía que el Ejecutivo Departamental esté representado por un gobernador elegido directamente por voto ciudadano y mayoría absoluta. Contempla la segunda vuelta en caso de no lograr el 50 por ciento más uno. Establece reelección por única vez, tanto en elecciones continuas como discontinuas.

Sobre la Asamblea Departamental, propone 16 representantes por cada provincia, elegidos igual que el Prefecto. Pero a este número fijo se sumarían un representante por cada 100 mil habitantes en todas las provincias que superen esta cifra, lo cual provocaría que la cantidad de representantes fluctúe entre 16 y 32.

Esta Asamblea Legislativa unicameral tendrá como funciones la legislación regional con las competencias otorgadas por la Constitución y el Estatuto regional; representación y gestión de los intereses de la población; aprobación de los planes y proyectos prefecturales; control del ejecutivo departamental en la ejecución de proyectos y fiscalización de la gestión.

Germen de la autonomía

Pionera

Fue la primera aproximación en Cochabamba sobre la visión regional del proceso de descentralización que se desarrollará en el país.

Responsables

Participaron Guido Riveros, Manfred Reyes Villa, Adolfo Mendoza, Gustavo Rodríguez, Fernando Mayorga, Raúl Rivero y Hazel Rojas.

Propuesta empresarial

Coincidencias con la CPE

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) elaboró una propuesta que se elaboró antes de que se apruebe la nueva Constitución.

Esta sugerencia tiene 23 puntos, en los cuales se define que Bolivia “funda su unidad en el reconocimiento de autonomías solidarias y responsables”. Aunque este documento se elaboró antes del referéndum revocatorio de agosto de 2008, reconoce la necesidad de instituir este proceso tanto para los prefectos, como para los alcaldes de la región, según los puntos 12 y 23 de este documento.

Propone además que para determinar la representación popular “los representantes de los pueblos indígenas accederán a los cargos electivos de acuerdo a sus usos y costumbres compatibles con los principios de pluralidad democrática”, según se establece en el punto 5.

También coincide con la nueva Constitución en que los departamentos pueden acceder a la autonomía a través de referéndum, aunque se diferencia de la Carta Magna porque establece que esta consulta puede ser convocada a través de tres iniciativas: la ciudadana, el Congreso o la Brigada parlamentaria.

Se establece que la redacción de los estatutos autonómicos debe ser elaborada por un grupo de representantes, pero a diferencia de la nueva constitución que define que este documento debe ser redactado por los miembros de la Asamblea Departamental, los empresarios apuntan a la Brigada Parlamentaria.

En esta propuesta también se sugiere la elección de un viceprefecto, que reemplace al Prefecto electo en caso de que éste sufra algún impedimento. Además establece segunda vuelta en las elecciones en caso de que nadie triunfará con mayoría simple y una sola posibilidad de ser reelecto.

Los tributos como sostén

Impuestos

Los recursos de autonomías constituirán “impuestos cedidos total o parcialmente RC IVA, IVA ICE, fase minorista, IT e ITF”.

Responsables

La redactó la Comisión Constituyente de la FEPC junto a María Teresa Zegada, María Elena Claure, Óscar Zegada y Fernando Prada.

Partido del Alcalde

Desafíos a la actual CPE

La propuesta de la cúpula de CIU, la agrupación que respalda al alcalde, Gonzalo Terceros, empezó a ser socializada el miércoles pasado y a pesar de que fue redactada después de que se conocía el texto de la nueva Constitución, vulnera algunas de sus disposiciones.

Un ejemplo de esta afirmación está en su artículo 5 en el que se reconoce al español como idioma oficial de Cochabamba, al quechua como segunda lengua y establece sólo el respeto al aymara y otras lenguas, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 5 de la nueva CPE, que dice: “son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos”, sin establecer jerarquía” entre ellos.

Además, el proyecto de CIU establece que los signos regionales son el molle, la flor de ulala y la bandera roja de Alejo Calatayud (en lugar de la celeste y blanca empleada hasta ahora).

También vulnera el artículo 6 de la nueva Constitución que define que son “símbolos del Estado la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano, el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”. El principal gestor de esta propuesta, el oficial Mayor de Desarrollo Económico, Samuel Soria, explicó que en el texto del documento regional “estamos poniendo como símbolos nacionales la bandera y el escudo, respetamos mucho la wiphala lógicamente, pero nosotros tenemos que ver sólo lo que nos une y no lo que nos separa”.

En esta propuesta también se exige la entrega de regalías a Cochabamba igual que al resto de las regiones productoras de hidrocarburos, para lograr que el precio de los combustibles que salen de la región sea calculado a base de los costos internacionales y no al precio nacional como ocurre en la actualidad.

Principales características

Socialización

Aunque esta propuesta tampoco fue consensuada ahora es socializada para que sea considerada por la comisión de la Prefectura .

Responsables

Fue redactada por Samuel Soria y tiene el respaldo del presidente de CIU, Gustavo Camargo, y del alcalde, Gonzalo Terceros.

ALGUNAS OPINIONES SOBRE LOS ESTATUTOS PARA COCHABAMBA

“Sería apropiado un amplio debate”

Sería lo más apropiado un proceso más amplio de debate pero se puede definir que hasta el 12 de julio se discuta y una vez que venga el resultado que diga sí a la autonomía departamental, sobre esa base se siga avanzando para que finalmente después de abril de 2010, en la Asamblea Departamental se vaya a aprobar el nuevo estatuto. Una sociedad dividida desde hace 10 años (Guerra del Agua) requiere todo un trabajo que ojalá sea encarado de manera amplia por los actores estratégicos del departamento.

Fernando Mayorga | Analista

“Sólo se trata de proyectos”

Me parece adecuado que exista un conjunto de iniciativas ciudadanas para redactar y elaborar borradores y proyectos, pero son sólo eso mientras no tengamos las personas que tengan el mandato para aprobar esta norma básica. La iniciativa de la Prefectura es tan saludable como lo que hizo el Comité Interinstitucional y como la propuesta de CIU. La Prefectura tiene la misión de facilitar el proceso de diálogo, pero no dirigirlo. Los tres documentos que se tienen redactados deben ser debatidos, porque no se apegan completamente a la nueva Constitución.

Adolfo Mendoza | Analista

“Todos deben participar”

Se abre un proceso de deliberación en el que todos los ciudadanos, organizaciones sociales de tipo sindical, como otro tipo de instituciones como las académicas, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el Comité Interinstitucional que también creo que están elaborando una propuesta, todos tienen el derecho de participar en este proceso de deliberación que la Prefectura está abriendo para ir contribuyendo en el debate e ir armando de manera colectiva lo que sería el estatuto de Cochabamba que resumiría el modelo de autonomía que queremos construir.

Gonzalo Vargas | Prefectura

“Con pluralidad y legalidad”

Estamos de acuerdo con el referéndum autonómico, pero sobre los estatutos consideramos que se debe respetar lo que dispone la nueva Constitución. La Plataforma de la mujer ha presentado lineamientos de cómo debería encararse el proceso en el evento organizado por la Prefectura la anterior semana. Entendemos que la definición y elaboración debe hacerse en espacios participativos para que se redacte un estatuto inclusivo y plural, para desmarcarnos de las experiencias negativas en las que eran sólo cinco los que elaboraban estos documentos.

Cecilia Estrada | Directora del IFFI

“No pueden hacer estatuto”

Lo primero que debemos hacer es organizar un referéndum autonómico porque de nada sirve adelantar estatutos. No se puede elaborar ni aprobar ningún estatuto porque la nueva Constitución dice que quien lo va a aprobar es la Asamblea Legislativa Departamental que será elegida el 10 de abril de 2010. Esta entidad tiene que llamar a todas las instituciones vivas de Cochabamba y organizaciones sociales para elaborar estos estatutos autonómicos, y hasta que no se elija la Asamblea nadie puede hacer nada.

Ricardo Pol | Ex Asambleísta

“Vulnerarían la nueva CPE”

Primero se debe aprobar mediante un nuevo referéndum la autonomía departamental. Una vez que se le diga sí a la autonomía, deberá ser la Asamblea Departamental la que redacte los estatutos, como se establece en el artículo 274 de la nueva Constitución o sea que si se propone un mecanismo diferente, se está vulnerando la norma. La Carta Magna nos da un marco jurídico, nadie va a inventar la autonomía y lo único que debe tener ese estatuto es traducir ese marco a los departamentos sin inventar más cosas.

José María Leyes | Comité Interinstitucional

“Iremos si no es un cabildo”

Lo ideal es que la participación en la redacción de estas normas tenga una cobertura mucho más amplia. No sólo restringirse a ciertos niveles sociales. Al empresariado le gustaría entrar en esa discusión aportando con lo que elaboramos hace algunos años y respecto a la invitación de la Prefectura (para el 24 de marzo), asistiríamos si tiene la organicidad adecuada para recoger las opiniones de todos los sectores, pero si es un cabildo más, no va tener mucho sentido participar, porque sólo servirá como una justificación.

Fernando Quiroga | Empresarios

“Que hagan los que saben”

La sensatez debe retornar. Estamos jugando con las leyes como si fueran cualquier cosa y si vamos a redactar los estatutos debemos dejar que los haga la gente que sabe, tomando en cuenta la opinión de la gente, con claridad, términos precisos y se tiene que comparar con la nueva Constitución para que no se contrapongan. Los movimientos sociales deberían designar abogados o gente que sabe de leyes. Los primeros en participar deberían ser los miembros del Colegio de Abogados que redacten un borrador de estatuto.