LAS SENTENCIAS VAN ENTRE 1 Y 8 AÑOS DE PRISIÓN, PERO SI EL PROCESO SE RETRASA, PODRÍAN LIBERAR AL ÚNICO DETENIDO

Aiquile: seis acusados esperan sus condenas

Hoy se cumplen 12 años del terremoto que sacudió al cono sur de Cochabamba, y la próxima semana la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia en Sucre efectuará el sorteo del juzgado que tramitará la última fase de uno de los 21 procesos judiciales que se instalaron por la presunta corrupción con la que se manejaron los recursos de la comunidad internacional que llegaron para la atención de las víctimas del desastre.
El terremoto, que sacudió a los pueblos del cono sur cochabambino el 22 de mayo de 1998, no terminó de hacer temblar al poder judicial boliviano, pues aunque ya pasó una docena de años desde aquella tragedia, el litigio en los tribunales del país continúa.
“La próxima semana se considerará un recurso de casación que terminará de ser resuelto en un plazo máximo de un mes”, dijo el responsable del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Cochabamba, Gonzalo Daza.
Según explicó el funcionario, esta información fue obtenida por un viceministro de la entidad que conversó con los ministros del máximo tribunal boliviano, quienes le confirmaron el dato y le explicaron que una vez que sea admitido, tendrá un plazo máximo de un mes para confirmar o revocar la sentencia.
Este recurso de casación fue presentado por seis condenados en contra de la sentencia emitida por un juzgado en un proceso que fue instalado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en contra de las autoridades de mediana jerarquía que manejaron los recursos que llegaron como donación de la cooperación internacional. De los 30 millones de dólares que fueron desembolsados para ayudar a las víctimas de este desastre natural, sólo tres llegaron a los damnificados y el resto fue alimento de la corrupción.
Daza explicó que hasta la fecha sólo una de las más de 20 autoridades y funcionarios denunciados se encuentra dentro de una prisión: Orlando Quiroga Ferrel, quien podría salir en libertad en los próximos días, debido a que en una audiencia de cesación de la detención preventiva efectuada la anterior semana logró que se le estableciera una fianza de 150 mil bolivianos.
El 6 de mayo del 2009, el ex ministro de Defensa Fernando Kieffer y principal acusado por los hechos de corrupción por el caso de Aiquile murió aquejado por un cáncer en los huesos y como el máximo tribunal no llegó a dictar sentencia, se extinguió la acción penal en su contra, según informó la ministra de Justicia, Celima Torrico.
Kieffer falleció en su residencia de La Paz a los 70 años. La principal acusación que pesaba en su contra se efectuó por la compra de un avión Beechcraft con un sobreprecio de más de un millón de dólares, de un fondo de 7 millones de dólares donados por la cooperación internacional  para el auxilio de las víctimas.

Ex autoridades acusadas
El 9 de noviembre de 2007 el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó la acusación formal contra los funcionarios que trabajaban en el gobierno democrático del ex presidente Hugo Banzer. La denuncia fue oficializada por la actual ministra de esta cartera, Nardy Suxo, en contra del ex ministro de Defensa, Fernando Kieffer Guzmán, el ex director general de Administración y  Presupuestos, José Ernesto Ayoroa Yanguas, el ex Secretario General, Luís Cupari, y el ex director general de Logística, Carlos Roldán Pacheco, Gonzalo Aranibar y Enrique Bottaro, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica. Gonzalo Daza, de Transparencia, explicó que fueron exonerados en la sentencia de primera instancia Willy Céspedes Olmos, Julio Torrico Terán, Guillermo Asturizaga, Ernesto Acosta, Miguel Nogales, Armando Daheza, Gladys Durán Pereira, René Sanjinez, Arturo Galarza Jimenez, Renán Crespo Suarez y René Sinforiano Cayo Quiroga.

SENTENCIADOS
“Los sentenciados en primera instancia fueron Quiroga Ferrel, que tiene una sentencia de ocho años de presidio, Miguel Fernández Espinoza, con tres años y nueve meses de cárcel, Ramiro Gonzalo Taborga Ramos, con un año,  Luís Montero Sanquiz, con seis años, Luís Daza Montero, con un año, y Guido Antonio Gelleguillos Quiroga, con un año”, dijo Gonzalo Daza, del ministerio de Transparencia, y explicó que “ellos ya tienen una sentencia en primera instancia que ya fue apelada.  El auto de vista salió confirmando la sentencia en primera instancia y ellos apelaron al recurso de casación que está en la ciudad de Sucre esperando el sorteo de causas para su resolución”. Si el recurso de casación confirma la sentencia en primera instancia, ésta será ejecutoriada y ellos tienen que cumplir sus condenas, explicó.